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Policía Nacional (Marta Fernández/Europa Press)

El octavo mandamiento de la Biblia, que insta a “no mentir”, es un principio fundamental que guía a la verdad, la libertad y el respeto al prójimo. Sin embargo, recientemente ha surgido una situación que pone en duda la adherencia a este mandamiento por parte del Arzobispado de Pamplona.

A finales de octubre, en una tensa rueda de prensa, el vicario judicial del Arzobispado, Carlos Ayerra, respondió a las preguntas de los periodistas afirmando que en la Diócesis de Pamplona y Tudela no había ningún religioso condenado o sometido a medidas cautelares por haber cometido abusos sexuales. Esta declaración ha sido puesta en entredicho tras los eventos recientes.

Ayerra había mencionado que desde 2007, se habían registrado una decena de denuncias de abusos sexuales, de las cuales tres habían optado por la vía civil y las otras siete se resolvieron internamente, incluyendo indemnizaciones. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Recientemente se ha dado a conocer que el teólogo franciscano Javier Garrido Goitia fue condenado por el Tribunal Eclesiástico de la Rota por abusos a dos religiosas en la diócesis de Pamplona.

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Lo más preocupante es que el Arzobispado de Pamplona era plenamente consciente del caso de Garrido. Sabían no solo de su reciente denuncia sino también de que ya había sido condenado por el tribunal, una sentencia que el propio Garrido apeló, pero que fue confirmada en todos sus extremos.

La denuncia de las dos religiosas fue cursada en Pamplona y presentada a través de la Oficina de Protección de Menores y Abusos del Arzobispado. A raíz de esto, el arzobispo Francisco Pérez activó el procedimiento canónico que llevó a la condena de Garrido, aunque este recurriera la resolución. Todo esto ocurrió en mayo, por lo que Ayerra y los responsables del Arzobispado conocían la situación desde hace varios meses.

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Este caso revela que la diócesis no fue completamente veraz en sus declaraciones. La revelación de la condena de Garrido y el conocimiento previo del Arzobispado sobre este asunto han generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la integridad de la institución en lo que respecta a manejar y comunicar casos de abusos sexuales dentro de su jurisdicción.


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